titular de la Fiscalía Federal de Campana Sebastián Bringas solicitó hoy que se eleve a juicio oral la causa donde son investigados el dueño y el subdirector médico del exSanatorio San Carlos de Escobar por la violación de las medidas adoptadas durante la pandemia por COVID-19 y por la propagación de la enfermedad dentro de la institución. Según la acusación, como consecuencia de ello, 54 personas (entre pacientes y personal del establecimiento) se contagiaron y 23 de ellas fallecieron entre abril y mayo de 2020.

De acuerdo a la investigación, Juan Carlos Linares, presidente de Salutis S.A. -firma que prestaba el servicio de salud- era el principal responsable de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento. Alberto Pablo Lauría, por su parte, era el subdirector médico del establecimiento. Desde el inicio, la instrucción de la causa estuvo delegada en la fiscalía, de acuerdo a lo previsto en el artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.

Ambos fueron procesados por el juez federal Adrián González Charvay por la “propagación dolosa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas; violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia -ambos agravados por sus profesiones de médicos-; homicidio culposo agravado por haber resultado más de dos víctimas fatales, los cuales concurren en forma ideal y que, a su vez, concurren en forma real con el delito de abandono de persona con resultado de grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima y abandono de persona con resultado de muerte”.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Bringas explicó que la responsabilidad que se le atribuye a Linares no está vinculada estrictamente con su rol societario en la firma Salutis S.A sino con el rol de profesional de la salud que tenía asignado como máxima autoridad del exSanatorio. “Por su parte, la responsabilidad que se le atribuye a Alberto Pablo Lauría está vinculada con el rol de profesional de la salud que tenía asignada como subdirector médico del ex Sanatorio San Carlos, y como uno de los principales responsables de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento médico”, añadió.

“Mediante la inobservancia de las normas de cuidado que estaban vigentes al momento de los hechos (protocolos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires) y el incumplimiento de los deberes a su cargo, crearon un riesgo jurídicamente relevante, que no estaba cubierto por un riesgo permitido; provocando así la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, como lo es el virus SARS-CoV 2 (COVID-19)”, resaltó el representante del MPF y agregó que todo ello causó la muerte de una médica y de 22 pacientes.

“Ello así, por cuanto teniendo a su disposición los medios más efectivos y confiables para prevenir la introducción y propagación del virus SARS-CoV 2 (COVID-19), desatendieron los protocolos y las medidas de profilaxis necesarias, que de hecho decidieron voluntariamente no cumplir”, resaltó.

En efecto, el 20 de abril de 2020 las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, del INSSJP-PAMI y de la Municipalidad de Escobar resolvieron de forma conjunta el cierre de la unidad de terapia intensiva y el aislamiento de una parte del personal sanitario. No obstante, Linares y Lauría, como garantes de preservar la salud de los pacientes, “pusieron en peligro la salud de aquellos que permanecieron internados en las otras áreas del establecimiento”.

“Una vez conocida la magnitud de los contagios, tanto del personal del establecimiento como de los pacientes, y con posterioridad al cierre de la unidad de terapia intensiva producto de la cantidad de infectados, continuaron recibiendo nuevos pacientes hasta el 25 de abril que finalmente se dispuso el cierre preventivo, respecto de los cuales algunos también contrajeron el virus SARS-CoV 2 (COVID-19)”, remarcó el fiscal.

Las irregularidades

La causa comenzó en mayo de 2020 luego de una denuncia realizada por una mujer que relataba una serie de hechos ocurridos durante la internación de su madre, donde mencionaba la negligencia del lugar con respecto a los cuidados y la violación de los protocolos dictados en el marco de la pandemia por las autoridades sanitarias. A partir de ello, se tomaron declaraciones testimoniales tanto de familiares como del personal que trabajaba en el establecimiento.

Tras la investtigación, para la fiscalía los dos implicados “violaron las medidas que fueron implementadas por las autoridades sanitarias de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para impedir la introducción y/o propagación del virus SARS-CoV 2 (COVID-19), mediante el incumplimiento de la ejecución de los protocolos que la autoridad provincial publicaba periódicamente en función de la pandemia de coronavirus”.