La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Aníbal Fernández, desarticuló ayer una organización criminal que falsificaba documentaciones para facilitar el acceso a la visa de los Estados Unidos. Mediante cuatro allanamientos en domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -incluido un estudio contable-, los oficiales detuvieron a tres hombres y secuestraron pasaportes, varios tipos de certificados y documentos, dinero en efectivo, computadoras y vehículos, entre otros elementos que utilizaban para estafar.

En la investigación intervino la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola, y contó con la colaboración de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Comenzó hace un año, cuando un hombre pretendió ingresar a aquel país con una visa acompañada de documentación apócrifa y fue deportado. Al ser entrevistado por el agente migratorio, dijo que la había conseguido en Buenos Aires de manos del “gestor”, al que le habría abonado la suma de 10.000 dólares por sus servicios.

Producto de las pesquisas, que incluyeron escuchas telefónicas y tareas de campo, los investigadores de la PSA determinaron la existencia de una organización criminal dedicada a fabricar documentos falsos que eran utilizados para tramitar la visa en la embajada norteamericana.

El director nacional, José Glinski, destacó la importancia de que estos operativos lleguen a conocimiento de la sociedad: “Es un aporte que hace la PSA no solo por el éxito de la investigación criminal sino también desde una perspectiva preventiva. Cuánto más se difundan este tipo de acciones, menos riesgos hay de que familias llenas de ilusiones terminen deportadas y con problemas legales. Ingresar a un país como EE.UU. puede pasar de ser un sueño a una pesadilla”, expresó.

La banda operaba en un local del barrio porteño de Flores y cada integrante tenía una función específica: el cabecilla, de 69 años, oficiaba de “gestor” tomando entrevistas a sus clientes, informándoles el proceder, montos y formas de pagos por las prestaciones. Su principal tarea era prepararlos para que pudieran aprobar la entrevista personal que exige la embajada. Asimismo les creaba perfiles socioeconómicos falsos utilizando, por ejemplo, títulos de propiedades, presidencia de empresas, cuentas bancarias con grandes sumas de dinero, recibos de sueldos, monotributos, certificados de matrimonio y toda documentación apócrifa que aportase una falsa idea de solvencia.

Otro socio, de 31 años, se encargaba de conseguir clientes, asesorarlos y acompañarlos a realizar los trámites necesarios para obtener la visa, e incluso se hacía pasar por otras personas para conseguir turnos. También reclutaba mujeres que actuaban en el “rol de esposas” al momento de la mencionada entrevista.

Una tercera persona, de 33 años, se dedicaba a modificar o falsificar documentos o partes de los mismos, con el fin de que los clientes simularan tener las aptitudes exigidas para la obtención de la visa.

Glinski se refirió también a la ampliación del enfoque investigativo de la PSA “que no reposa solamente en delitos complejos tradicionales como el narcotráfico sino en otros ilícitos, como la falsificación de documentos, que demandan una planificación entre varios actores profesionales para llegar a estos niveles de operación. El delito complejo tiene que ser abordado siempre con perspectiva empresarial. Son verdaderas empresas criminales que requieren de conocimientos jurídicos, administrativos, contables y financieros”.

Como resultado de los procedimientos, la PSA detuvo a tres hombres de nacionalidad argentina y secuestró numerosa documentación (pasaportes, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, recibos de cobros, títulos de propiedad, etc.); 27 sellos; 10.109 dólares; 612.600 pesos; dos contadoras de billetes; un revólver y 50 municiones. También incautó tres autos; cuatro celulares; tres notebooks; dos computadoras y otros dispositivos electrónicos.

Intervino el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella.