Esa es la conclusión de un relevamiento realizado por el SOEME en todos los institutos de la Provincia, donde hay alojados personas de hasta 23 años condenadas por graves delitos penales. Denuncian fuga de internos, suicidios, proliferación de roedores y extremas condiciones de hacinamiento en todas las dependencias. Responsabilizan a la directora ejecutiva de Niñez y Adolescencia por esconder información

Un relevamiento realizado por el SOEME, que abarcó a todos los institutos bonaerenses que deberían alojar solamente chicos de entre 16 y 18 años con antecedentes o condenas penales, se detectó que más del 40% de los internos es mayor de edad. También alertaron sobre graves condiciones de hacinamiento con el riesgo de que proliferen graves enfermedades infecciosas. Entre otras irregularidades, se detectó que los menores duermen en el piso entre los roedores (se adjuntan vídeos y fotos que así lo demuestran), hay sobrecupo de jóvenes y escasez de operadores (en algunos casos ocho personas tienen contener a más de 60 internos con graves antecedentes penales), sumado a situaciones extremas de precariedad laboral.

Un menor que protagonizó un violento motín en el Instituto Roca de Capital Federal fue traslado a un centro de recepción ubicado en Virrey del Pino, dependiente del Estado bonaerense, violando la normativa vigente ya que el sistema de minoridad de la Provincia no puede alojar internos acusados por delitos federales ocurridos en otras jurisdicciones.

Una muestra de la situación de colapso ocurrió el fin de semana cuando, en un instituto de la localidad platense de Abasto, se fugaron 11 internos que, entre otros delitos, están acusados de homicidios. En ese mismo lugar también se habría registrado el suicidio de un menor, que atravesaba por un cuadro depresivo, hecho que fue ocultado por las autoridades.

“La situación es casi terminal. En Azul, encontramos que hay alojados personas de hasta 23 años. Esto es un grave riesgo para los chicos que deben convivir en un mismo espacio con personas adultas de extrema peligrosidad, condenadas por graves delitos, como así también para los propios trabajadores. Nosotros somos personal de minoridad y no tenemos la formación ni tampoco podemos cumplir las funciones de un agente del Servicio Penitenciario. El sistema de minoridad de la Provincia es una bomba de tiempo a punto de explotar”, dijo Sergio Otero, prosecretario de Minoridad del Soeme.

Otero agregó: “Lo peor de todo es que Felipe Granillo Fernández, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia, nos confirmó que si a un joven de 16 años le dan una pena de 10 años por un crimen, la condena la tiene que cumplir en los institutos de menores. Es decir, vamos a tener personas adultas de 26 años, con graves antecedentes penales, en institutos de menores que están absolutamente colapsados. Esto viola todas las normativas vigentes”.

Desde el SOEME también denuncian que, mientras se le otorgó un aumento salarial de apenas 12% a los trabajadores de la Minoridad, la directora ejecutiva de Niñez y Adolescencia está percibiendo un sueldo muy superior al que le corresponde. “A través de una resolución, le asignaron un sueldo correspondiente a una secretaria de Estado”, afirmaron.