Una de las víctimas es un niño de 13 años. En el delito, medió el abuso de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, provenientes de Bolivia y el norte argentino. El juez ordenó también un embargo por 400 mil pesos y mejorar las condiciones socioambientales de quienes residían en el predio.
Con intervención de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Nicolás Czizik, un hombre de 57 años fue procesado por la justicia federal acusado del delito de trata con fines de explotación laboral contra cinco víctimas –una de ellas de 13 años- abusando de la situación de vulnerabilidad. Además, se le imputa haber facilitado la permanencia irregular en Argentina de dos personas oriundas de Bolivia.
El juez Santiago Inchausti ordenó, en paralelo, trabar un embargo por 400 mil pesos y dar continuidad a la medida cautelar de intervención de diversos organismos, para lograr “el mejoramiento de las condiciones socio ambientales de todas las personas que trabajan y residen en la quinta”.
La explotación, según la investigación judicial, se consumó en un predio rural ubicado a la altura del kilómetro 13,5 de la ruta 226. Según se desprende de la resolución, se trata de un establecimiento hortícola en el que “se verificó la puesta en práctica por parte de su responsable de una forma de organización del trabajo basada en la contratación fundamentalmente de diferentes trabajadores de extrema pobreza y vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, que cobraban principalmente su salario en función de su productividad”. Al menos, ello así en la etapa de la cosecha y armado de jaulas o cajones, como en la de la carga en el camión para su transporte y posterior comercialización, que cobraban por bulto cargado un monto determinado.
El perfil de las víctimas no era azaroso. Las personas registradas en la causa provenían del Estado Plurinacional de Bolivia o de provincias del norte argentino, y llegaron a la quinta por familiares, amigos o conocidos que trabajan o han trabajado allí con anterioridad, e incluso por haber trabajado en otras quintas en las que se les ha mencionado la aquí investigada como “mejor fuente de trabajo”. “Las víctimas extranjeras lograban el ingreso a Argentina sin los trámites migratorios pertinentes, y en esa condición de irregulares fueron mantenidas en el predio”, sostuvo el magistrado, quien mencionó que esta circunstancia se corroboró al momento del allanamiento en el lugar.
Además de su lejanía con el lugar de explotación, los trabajadores compartían otras características: bajo nivel de instrucción y una situación de vulnerabilidad evidente.
Más allá de los testimonios que refieren que los menores presentes en la quinta trabajaban ayudando a su papá y su mamá y menos tiempo que aquellos, el niño de 13 años encontrado en el predio –donde también eran explotados sus padres- al declarar en instancia judicial dio precisiones de su trabajo en esta última temporada y de su salario, y remarcó que el encargado de la quinta le pagaba cuando le pagaba a su mamá, el domingo por la mañana.
La realidad en la quinta
Según surge de la investigación, ni la quinta ni las personas encargadas se encontraban inscriptos como empleadores, ni los trabajadores tenían contrato escrito, por lo que la situación era clandestina, lo que conlleva a no tener aportes sociales ni cobertura de salud.
