El juez Gabriel David vio la cama, la cuna y el inodoro. Vio que todo estaba en una misma celda. Y entendió que en esas condiciones no podían vivir las madres, ni las embarazadas y mucho menos los niños en una cárcel. Por eso, dictó una medida cautelar, ya comunicada al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con la que ordenó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico de 76 presas de la Unidad 33 de Los Hornos: 22 embarazadas y 54 madres con sus hijos.

La tarde del 24 de noviembre pasado, David, juez de Ejecución de San Isidro, recorrió el penal donde cumplen su condena 246 mujeres y vio, entre otras cosas, focos infecciosos, situaciones humillantes, una atención de salud deficiente, mala alimentación de las reclusas; supo que la presencia de ratas y cucarachas era un problema cotidiano.

Por eso otorgó un hábeas corpus colectivo que alcanza al 30% del penal. Esto es: para todas las mujeres que estuvieran embarazadas o tuvieran a sus hijos e hijas menores de cuatro años con ellas, sin importar el motivo de sus condenas.

Según confirmó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 19 mujeres ya están con arresto domiciliario.