El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº4, Matías Di Lello, en forma conjunta con el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad hoc de la Procuvin Fernando Vallone, le solicitaron a la jueza de instrucción Wilma Lopez que prohíba que las personas detenidas a disposición del Servicio Penitenciario Federal (SPF) sean inmovilizadas con cadenas o esposas sujetadas a un punto fijo del vehículo durante los traslados.

La medida cautelar fue requerida en el marco de un hábeas corpus correctivo de incidencia colectiva iniciado por la denuncia de una persona privada de la libertad en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto.

La magistrada ya había resuelto que la práctica de los penitenciarios es lesiva para los derechos. Para remediarla, se abrió una instancia en la que el SPF debe implementar en todos sus vehículos de traslado de detenidos un sistema eficiente para reemplazar la metodología de sujeción utilizada actualmente.

Los fiscales resaltaron en su presentación que el proceso de análisis, diseño e instalación del mecanismo alternativo, que obliga a la intervención de expertos técnicos, demandará un tiempo prolongado durante el cual la situación persistirá, por lo que resulta necesario implementar mientras tanto un remedio urgente y eficiente.