La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal hizo lugar a los recursos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y ordenó que se instruya al personal de la cárcel federal de Devoto para que cesen las arbitrariedades que sufren las visitas de las personas detenidas: dispuso que se circunscriban los controles de entrada de elementos, productos y alimentos que pueden ingresar al penal a los que expresamente se encuentran permitidos y vedados en la cartelería y que explícitamente se informe que «no existe restricción alguna para la vestimenta».

La medida impacta sobre la vida de 1658 personas que están encerradas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que venían denunciando estos y otros tipos de conductas del personal carcelario que constituyen el agravamiento de sus condiciones de detención: irregularidades en el pago del peculio, inconvenientes para las presentaciones judiciales y alteraciones en los precios de los productos que en la proveeduría del penal venden a detenidos y familiares.

Los recursos de la Procuvin y de la PPN lograron revertir el fallo de la jueza subrogante Maria José Bianchi, quien en primera instancia había considerado que aquellos hechos no constituían agravamiento de las condiciones de detención, aunque dispuso una serie de medidas a cumplir por parte de las autoridades del complejo.