En diciembre último, se cayó un proyecto de ley que creaba una nueva agencia de armas con media sanción del Senado, que esperó desde octubre de 2010 en la Cámara de Diputados para aprobarse. En el 2012, en instancias de comisión, se alcanzó consenso de todos los bloques para su aprobación. Sin embargo, el proyecto se dejó caer por expresa solicitud del Poder Ejecutivo Nacional, a través del  Ministro de Justicia, Julio Alak.

La negativa a la transformación de un organismo a todas luces obsoleto para tratar un tema tan sensible para la sociedad fue imposible de justificar por las autoridades del Ministerio de Justicia. Tan así que se reconoció que las razones eran la “comodidad institucional”, aunque parecería que lo que en verdad se valoró fue la importante caja que ofrece el RENAR, sin controles externos y con un superávit de alrededor de 20 millones de pesos por año.

Como viene denunciando la RAD, el RENAR se financia por la emisión de licencias y  autorizaciones y tiene un sistema de administración tercerizado en manos de AYCACIP, organización que nuclea a los productores y comerciantes de armas del país.

Más preocupados por el control de la caja que de las armas, la actual gestión del Renar, con sus desaciertos, le ha quitado impulso al Programa Nacional de Desarme Voluntario y ha puesto en peligro la eficacia de esta medida tan importante, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil en acuerdo con el ex presidente Néstor Kirchner.

Con esta realidad institucional, el robo de 100 o 200 armas de alto calibre en perfectas condiciones de uso no sorprende, pero sí subraya la urgencia. Este gravísimo episodio demuestra el claro retroceso del Estado en sus obligaciones de controlar el mercado legal de armas, perseguir el ilegal y destruir todo el armamento excedente o incautado. Magnifica su impacto el hecho de que el robo ocurrió dentro de la sede del Registro Nacional de Armas (Renar), en un lugar donde sólo puede estar personal del organismo y los efectivos de custodia de la Policía Federal, lo que demuestra palmariamente que el delito fue cometido por funcionarios del organismo ante la total pasividad de agentes gubernamentales.